El poder que no se audita termina corrompiéndose
Vierne5. / La Voz Del NIN.
Venezuela necesita auditar el poder, vigilar los recursos públicos y garantizar justicia y transparencia para reconstruir la República.
Auditoría ciudadana en Venezuela; transparencia del poder público; control de la corrupción; rendición de cuentas
LA VOZ DEL NIN | Miércoles, 28 de octubre de 2026
El poder que no se audita termina corrompiéndose
La corrupción no comienza necesariamente cuando desaparece el primer millón de dólares de una cuenta pública. Comienza mucho antes: cuando un funcionario descubre que puede tomar decisiones sin explicarlas, comprometer recursos sin publicar contratos y ejercer autoridad sin responder ante los ciudadanos.
Venezuela enfrenta hoy ese peligro en medio de una transición política, una reconstrucción nacional de proporciones extraordinarias y una nueva etapa de relaciones económicas internacionales.
Mientras las dirigencias discuten la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, miles de venezolanos siguen esperando viviendas, escuelas, servicios públicos y respuestas sobre el destino de los recursos destinados a la recuperación.
La contradicción es evidente: se pretende reconstruir la legitimidad institucional mediante negociaciones de alto nivel, pero la confianza de una República no nace exclusivamente en los despachos del poder.
La confianza se conquista cuando el ciudadano puede verificar lo que hace el gobernante. El poder que no se audita termina corrompiéndose.
La política no puede vivir de espaldas al país real
La reunión del 22 de octubre entre Delcy Rodríguez, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez en Miraflores reflejó la continuidad de una negociación destinada a reorganizar las instituciones venezolanas.
Ese diálogo puede resultar necesario. Ninguna transición compleja avanza sin acuerdos. Sin embargo, los acuerdos no deben confundirse con autorizaciones para administrar el futuro nacional a puerta cerrada.
El Comité de Postulaciones Judiciales inició el proceso para seleccionar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El calendario anunciado establece el 11 de diciembre como fecha prevista para presentar los candidatos seleccionados ante la Asamblea Nacional.
La renovación del Consejo Nacional Electoral también forma parte de la agenda de reinstitucionalización, aunque su calendario definitivo requiere acuerdos y procedimientos propios.
El problema no consiste en que existan negociaciones, sino en que estas puedan terminar sustituyendo la participación ciudadana por arreglos entre organizaciones políticas.
Un nuevo TSJ no será independiente porque sus magistrados procedan de diferentes partidos. Un nuevo CNE tampoco será confiable únicamente porque sus rectores representen sensibilidades políticas distintas.
La independencia institucional se demuestra mediante procedimientos transparentes, requisitos verificables, decisiones fundamentadas y controles efectivos.
El Nuevo Ideal Nacional debe reivindicar un principio inequívoco: las instituciones pertenecen a la República, no a quienes negocian su integración.
El país enterrado exige cuentas, no ceremonias
Los terremotos del 24 de junio dejaron una tragedia humana y material que todavía condiciona el presente venezolano.
El último balance oficial consolidado citado por Amnistía Internacional registró 6.509 personas fallecidas. También documentó 60.785 viviendas evaluadas, de las cuales 11.001 fueron clasificadas como inmuebles de alto riesgo.
El registro público sobre personas desaparecidas continúa siendo insuficiente. Las cifras difundidas por diversas iniciativas no deben confundirse con una estadística nacional oficial verificada.
La ausencia de información consolidada no disminuye la gravedad del problema. La aumenta, porque impide a las familias conocer con certeza qué han hecho las instituciones para identificar a las víctimas y esclarecer su situación.
En agosto, las autoridades habían reportado la retirada de 600.790 toneladas de escombros y la entrega de apenas 335 viviendas nuevas. Un balance operativo situaba el material retirado en el 28,61 % del volumen estimado.
Esas cifras corresponden a cortes anteriores y no constituyen automáticamente el estado actualizado de cada obra al 28 de octubre. Precisamente por eso se necesitan reportes públicos periódicos y comparables.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por la catástrofe.
Una pérdida de semejante magnitud obliga a preguntarse quién asigna los recursos, cómo se seleccionan los contratistas, qué controles técnicos se aplican y qué instituciones pueden sancionar irregularidades.
También obliga a examinar posibles fallas de construcción o supervisión sin establecer responsabilidades penales antes de contar con investigaciones y pruebas suficientes.
Las familias afectadas no necesitan solamente promesas de reconstrucción. Necesitan el derecho efectivo a conocer cuánto se invierte, dónde se invierte y quién responde por los resultados.
La auditoría digital debe comenzar en cada municipio
Venezuela necesita abandonar un modelo administrativo en el que los recursos se anuncian desde la capital y los ciudadanos esperan indefinidamente que las decisiones se conviertan en obras.
La reconstrucción ofrece la oportunidad de implantar un sistema nacional de transparencia territorial, apoyado en plataformas digitales públicas y mecanismos independientes de fiscalización.
Cada municipio debería publicar un registro accesible de proyectos financiados con recursos nacionales, internacionales o privados cuando exista participación patrimonial del Estado.
Ese registro tendría que incluir:
- Presupuesto: monto aprobado, fuente de financiamiento y desembolsos efectuados.
- Contratación: empresa adjudicataria, beneficiarios finales y procedimiento de selección.
- Ejecución: calendario, avance físico, fotografías verificables y modificaciones contractuales.
- Empleo: trabajadores contratados, remuneraciones y programas de formación.
- Resultados: viviendas entregadas, escuelas rehabilitadas y servicios efectivamente restablecidos.
- Fiscalización: auditorías, observaciones, respuestas de los responsables y mecanismos de denuncia.
La información debe ofrecerse en formatos abiertos, descargables y comprensibles, protegiendo los datos personales y la seguridad de las personas afectadas.
No se trata de convertir al ciudadano en un espectador de fotografías institucionales. Se trata de darle instrumentos para comprobar el progreso real.
La tecnología permite que una comunidad compare el presupuesto aprobado con la obra ejecutada. Lo que falta es la decisión política de hacer públicos los datos.
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Los petro-dólares no pueden convertirse en una nueva caja negra
La normalización de las relaciones energéticas entre Venezuela y Estados Unidos ha creado una oportunidad económica significativa, pero también plantea nuevas exigencias de transparencia.
El 27 de octubre se conoció la llegada a Texas de un cargamento de un millón de barriles de petróleo venezolano vinculado a los acuerdos con North American Blue Energy Partners.
El presidente Donald Trump presentó públicamente el envío como una muestra de la nueva relación petrolera. El movimiento confirma la importancia de los acuerdos energéticos para ambas economías, pero no demuestra por sí mismo que sus beneficios estén siendo distribuidos de manera transparente entre los venezolanos.
La pregunta fundamental no es únicamente cuánto petróleo se produce o exporta, sino qué obtiene realmente la República y cómo se registra ese ingreso.
Los contratos petroleros, las participaciones estatales, los compromisos fiscales y los procedimientos de adjudicación deben poder examinarse bajo reglas de publicidad y supervisión.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense emitió el 16 de octubre la Licencia General 60A, que autoriza determinadas transacciones relacionadas con las labores de socorro por los terremotos.
Su alcance no debe confundirse con una autorización general para administrar sin restricciones todos los ingresos petroleros. Las operaciones energéticas y los recursos humanitarios pueden estar sujetos a instrumentos y obligaciones diferentes.
Precisamente por esa complejidad resulta indispensable distinguir fondos, beneficiarios, contratos y destinos.
Una transición económica responsable no puede reemplazar la opacidad anterior por una opacidad administrada mediante nuevos intermediarios.
El petróleo debe financiar productividad, infraestructura y bienestar verificable, no reproducir mecanismos de dependencia política.
Del refugio al trabajo: reconstruir también la dignidad
Las consecuencias de los terremotos no pueden medirse exclusivamente en toneladas de concreto o millones de dólares.
Detrás de la emergencia existen trabajadores que perdieron sus empleos, pequeños empresarios que vieron desaparecer sus instalaciones, estudiantes sin espacios adecuados y familias obligadas a reorganizar su vida alrededor de una asistencia todavía insuficiente.
La ayuda humanitaria es indispensable para garantizar alimentación, salud y protección. Organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos pueden desempeñar una función relevante durante la emergencia.
Pero la recuperación de largo plazo exige que esa asistencia conviva progresivamente con oportunidades de empleo formal, capacitación y reconstrucción productiva.
Un programa nacional de trabajo para la reconstrucción podría incorporar, con garantías de seguridad y remuneración justa, a ciudadanos de las propias comunidades afectadas.
Albañiles, electricistas, carpinteros, transportistas, técnicos, ingenieros y jóvenes aprendices tienen capacidades que deben aprovecharse en proyectos supervisados profesionalmente.
Las contrataciones locales, las pequeñas empresas y los mecanismos competitivos de compras públicas pueden multiplicar los beneficios económicos de cada inversión.
La reconstrucción debe proteger especialmente a quienes no puedan incorporarse inmediatamente al trabajo, evitando que la asistencia se condicione a la participación laboral.
El objetivo es ampliar oportunidades, no sustituir derechos sociales por obligaciones improvisadas.
Una República moderna no mide su éxito por la cantidad de ciudadanos que dependen de subsidios, sino por su capacidad para garantizar protección y crear condiciones para la autonomía económica.
Sin justicia independiente tampoco existe transparencia
La auditoría ciudadana necesita instituciones capaces de investigar denuncias y obligar a los responsables a responder.
Una plataforma digital puede revelar una contratación sospechosa, pero no puede sustituir a un fiscal independiente ni a un juez imparcial.
Por eso la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma del sistema judicial no deben limitarse a cambiar nombres. Deben proporcionar herramientas para combatir la corrupción, proteger a los denunciantes y garantizar decisiones judiciales libres de interferencias.
La independencia judicial también debe permitir investigar, cuando existan indicios suficientes, posibles abusos asociados con obras públicas, extorsiones en controles viales o actuaciones de grupos armados irregulares.
La acción penal debe dirigirse contra responsabilidades individualizadas y demostrables, no contra personas señaladas únicamente por sus afinidades políticas.
La legalidad no puede convertirse en revancha.
Ese principio también se aplica a la situación de los presos políticos.
Foro Penal registraba 322 personas consideradas presas políticas al 5 de octubre de 2026. De ellas, 170 permanecían sin condena.
La liberación de quienes se encuentren detenidos arbitrariamente, la revisión de los procesos cuestionados y las garantías de reparación deben formar parte esencial de cualquier reconstrucción democrática.
Una amnistía política puede contribuir a la reconciliación, siempre que no genere impunidad para torturas, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.
También debe revisarse la legislación utilizada para restringir indebidamente la libertad de expresión, incluida la denominada Ley contra el Odio.
Un ciudadano no puede ejercer la contraloría pública si teme consecuencias penales arbitrarias por cuestionar a un funcionario.
La democracia necesita árbitros, pero también controles
La discusión sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral es importante. Venezuela necesita procesos electorales transparentes, verificables y protegidos por garantías para todas las organizaciones políticas.
Pero sería un error presentar la renovación del árbitro electoral como una solución suficiente para los problemas estructurales del país.
La credibilidad electoral depende también de tribunales independientes, medios libres, derechos políticos efectivos, información pública y organismos capaces de resolver controversias.
Las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de condiciones para celebrar elecciones en Venezuela forman parte de la posición política estadounidense. No sustituyen el derecho de los venezolanos a decidir su futuro ni deben interpretarse como una autorización para postergar indefinidamente la soberanía popular.
El desafío consiste en construir condiciones reales para elecciones libres dentro de un proceso transparente y sujeto a responsabilidades institucionales.
Debatir sobre una eventual dolarización, propuesta por economistas como Steve Hanke, tampoco puede reemplazar la necesidad de disciplina fiscal, presupuestos públicos verificables y protección de las instituciones económicas.
Ninguna moneda corregirá por sí sola un Estado que oculta sus cuentas.
El Nuevo Ideal Nacional exige ciudadanos con poder de vigilancia
La transformación democrática necesita superar la concepción del ciudadano como beneficiario pasivo de decisiones adoptadas por las élites.
El Nuevo Ideal Nacional debe proyectar un modelo republicano donde la ciudadanía pueda participar, fiscalizar, emprender y exigir resultados sin depender de autorizaciones partidistas.
Eso exige una reforma institucional que incluya:
- Un sistema nacional de datos abiertos sobre presupuesto y contratación pública.
- Auditorías independientes de los grandes proyectos de reconstrucción.
- Participación ciudadana verificable en la supervisión municipal.
- Protección legal para periodistas, denunciantes y organizaciones fiscalizadoras.
- Fortalecimiento de la autonomía judicial y de los órganos de control.
- Publicación periódica de resultados, indicadores y responsabilidades administrativas.
La participación no debe depender de invitaciones ocasionales de los funcionarios. Debe estar protegida por normas permanentes y mecanismos exigibles.
La democracia no consiste solamente en elegir a quienes gobiernan. Consiste también en establecer límites para que ningún gobernante pueda administrar el patrimonio colectivo como si fuera propiedad particular.
La República comienza cuando el poder acepta ser vigilado
Venezuela se encuentra ante una oportunidad histórica. Puede reconstruir sus ciudades, recuperar su economía, reformar sus instituciones y abrir un camino democrático duradero.
Pero también puede repetir el error que ha perseguido a distintas generaciones: cambiar a los administradores del poder sin modificar las condiciones que permiten abusar de él.
La legitimidad no se obtiene únicamente mediante una reunión en Miraflores, un acuerdo internacional o el anuncio de nuevos magistrados.
Se construye cada vez que una madre conoce el destino de los recursos asignados a su comunidad, que un trabajador puede reclamar sin miedo, que una empresa compite bajo reglas claras y que una víctima encuentra justicia sin preguntar quién gobierna.
El país necesita ciudadanos con la lupa de la auditoría digital en una mano y las herramientas de reconstrucción en la otra.
Hay barrios que levantar, escuelas que recuperar, servicios que restablecer y recursos públicos que proteger.
El calendario político importa. Pero importa todavía más la República que resulte de sus decisiones.
Porque el poder que acepta ser vigilado puede convertirse en servicio público. El poder que se esconde detrás de la opacidad termina convirtiendo al ciudadano en súbdito.
Venezuela no necesita aprender nuevamente esa lección. Necesita construir, de una vez por todas, un Estado donde nadie tenga tanto poder como para escapar de una auditoría.
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